El Boletín Semanal del Proyecto de Solidaridad con México
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Tierra y Libertad: La Lucha Continúa
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Meizhu Lui, por el equipo editorial
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La milpa utiliza una variedad de cultivos en una sola siembra, demostrando un rendimiento de maíz un 50 % mayor cuando se cultiva con otras especies como parte de la milpa. Foto cortesía de Onsway.
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“Necesitas tres mazorcas de maíz: una para comer, una para vender y otra para la siembra del año siguiente”. Así explicaba el académico y activista afroamericano W.E.B. DuBois la importancia de la “riqueza” —esa tercera mazorca— para los agricultores negros.
Tras la Guerra Civil, el general Sherman del Ejército de la Unión prometió a los antiguos esclavos “40 acres (16 hectares) y una mula”. Era evidente que no podrían ser libres si no controlaban su propio trabajo. Pero casi de inmediato, los estados del Sur despojaron sistemáticamente a los agricultores negros de sus tierras, reduciéndolos a condiciones casi de esclavitud como jornaleros. DuBois concluyó que la propiedad de la tierra era la clave de su libertad.
En México, los campesinos indígenas practicaban los principios de sentido común de Dubois, alimentándose a sí mismos y a su comunidad, y asegurando la cosecha del año siguiente. Pero como nos cuenta José Jacobo, activista campesino de larga trayectoria, tras la privatización de las tierras comunales por parte de los colonizadores españoles, los pequeños agricultores sufrieron una larga historia de despojo, que continúa hasta el día de hoy.
Tanto las agroempresas extranjeras como las nacionales han debilitado gravemente la capacidad de los agricultores para vender sus cosechas o acumular ahorros, dejándolos con lo justo para alimentarse – simbólicamente, con una sola mazorca de maíz. Los tres elementos del ciclo de autosuficiencia, esenciales para el sostenimiento de las comunidades rurales, han sido desmantelados.
Para ellos, al igual que los campesinos negros, la necesidad de “tierra y libertad” persiste, tal como lo exigió el líder campesino Zapata en la Revolución de 1910. En 1994, el movimiento zapatista actualizó esta demanda, identificando el TLCAN como un golpe mortal para los campesinos indígenas, pues el libre comercio implica libertad para explotar. Su visión alternativa de un retorno a la propiedad social de la tierra podría brindar salud, abundancia y autosuficiencia para ellos y para todo México.
Sin libertad, los campesinos no pueden tener tierra. Sin tierra, no pueden tener libertad. Desde 1521 hasta 2026, la lucha continúa.
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Restauren los Derechos Campesinos, Rechacen el T-MEC
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¿Cuál es la forma tradicional mexicana de gestionar la tierra?
Antes de la llegada de los españoles, el pueblo utilizaba la tierra y el agua de forma comunal, mediante un sistema de propiedad social que asignaba parcelas a las familias para su cultivo. Se repartía una parte de la cosecha para el consumo de cada familia y otra parte para la comunidad.
Los españoles abolieron todo esto. Tras la conquista, la Corona española se apropió de la tierra y otorgó enormes extensiones a las élites españolas. Los campesinos se convirtieron en trabajadores endeudados, aunque algunas propiedades comunales lograron sobrevivir.
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Pero tras la primera revolución —que derrocó el dominio español en 1810— el nuevo gobierno no restituyó la tierra a las comunidades. Por el contrario, la concentró en grandes plantaciones —haciendas— y permitió que extranjeros se apropiaran de grandes extensiones. En otras palabras, nuestro despojo bajo el TLCAN y el T-MEC no es nada nuevo.
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Litografía de 1856 que representa a rancheros y campesinos mexicanos
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¿Qué derechos obtuvieron los campesinos durante la Revolución Mexicana?
Naturalmente, fueron los campesinos, los agricultores rurales, quienes impulsaron la Revolución de 1910. La principal demanda de Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa —los líderes campesinos más importantes— era la devolución de la tierra a la propiedad social. Tras su victoria, las vastas haciendas fueron desmanteladas y la tierra redistribuida entre los campesinos. La superficie total de México abarca 198 millones de hectáreas; un poco más de la mitad —específicamente, 103 millones de hectáreas— se asignó como propiedad social.
La Constitución Mexicana de 1917 definió tres tipos de propiedad: la propiedad pública, perteneciente al Estado; la propiedad privada, a particulares; y la propiedad social, a las comunidades campesinas, muchas de ellas ejidos tradicionales. La Constitución establecía que la tierra social poseía tres características clave: era imprescriptible, no sujeta a pérdida por el paso del tiempo; inembargable, protegida de la ejecución hipotecaria; e inalienable, no susceptible de venta.
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Campesinos, estado de Veracruz, México
Foto por Tina Modotti,1927
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Al estar prohibida la venta, ¿qué sucedía si fallecían los ejidatarios (miembros originales de un ejido)? Transmitían sus derechos de propiedad a sus hijos, perpetuando así el ejido de generación en generación.
Además de la redistribución de tierras, el gobierno posrevolucionario estableció numerosos servicios, como crédito, seguros y asistencia técnica. También proporcionó insumos como semillas y fertilizantes, equipos y construyó infraestructura, y compró productos agrícolas básicos a los campesinos a precios justos. Estos elementos fueron esenciales para los agricultores y permitieron al país —durante más de cincuenta años— mantener una producción suficiente para satisfacer la demanda nacional, exportando los excedentes, una tendencia que se mantuvo hasta 1982.
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¿Revirtió el TLCAN esos avances?
En 1992, el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari enmendó la Constitución para permitir la conversión de la propiedad social en privada, lo que significaba que los ejidatarios podían arrendar o vender sus parcelas. Desde entonces, se han privatizado más de cinco millones de hectáreas, allanando el camino para el resurgimiento de gigantescas propiedades privadas, donde individuos adinerados controlan tanto la producción como las condiciones laborales.
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En 1994, el TLCAN abrió las puertas a las corporaciones extranjeras. El gobierno mexicano otorgó concesiones de tierras y recursos hídricos a empresas mineras, agrícolas, petroleras y manufactureras, incluyendo el sector automotriz. Esto desencadenó una intensa apropiación de tierras por parte de empresas estadounidenses y canadienses que habían estado esperando esta oportunidad económica.
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El presidente Bill Clinton firma el controvertido Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 8 de diciembre de 1993.
Paul J. Richards/AFP/Getty Images
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Las empresas extranjeras no mostraron ningún reparo en saquear la riqueza mineral y devastar el medio ambiente mexicano mediante la deforestación y la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del suelo y el monopolio de los derechos de agua dulce —superficial y subterránea— en todo el país.
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En 1998, mujeres zapatistas del pueblo Amador Hernández exigieron diariamente que el ejército mexicano abandonara las tierras comunales de la aldea. (Foto de Tim Russo)
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Naturalmente, surgieron protestas generalizadas. El movimiento zapatista en Chiapas surgió como respuesta directa al TLCAN; rechazó por completo la globalización neoliberal y sus miembros buscaron crear un modelo social alternativo basado en el antiguo sistema comunal indígena.
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Algunos de nosotros, residentes en otras partes del país, participamos en este movimiento; sin embargo, su organización se limitó a una región específica del territorio nacional y nunca se expandió hasta convertirse en un proyecto político nacional capaz de unir a otros movimientos y estados de la República. No obstante, todos respaldamos su defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas frente a la corrupción, la represión, los asesinatos y el desastre ambiental. Sus demandas siguen siendo nuestras demandas.
Recientemente, las protestas de campesinos que bloquean carreteras han sido noticia. ¿Estuvo involucrada su organización?
Los agricultores a gran escala organizaron las manifestaciones. Son los nuevos propietarios privados que surgen del modelo neoliberal que liberalizó el mercado de tierras.
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Mi organización, la COCYP, es una coalición nacional de pequeñas organizaciones —ejidos, comunidades campesinas y grupos de base— que representan a los pequeños productores. Nuestro objetivo es restaurar los derechos agrarios eliminados por el régimen neoliberal; buscamos una nueva reforma agraria en beneficio de 5.5 millones de ejidatarios y propietarios comunales.
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Dos hermanos de Campeche trabajando en su pequeña finca, 2024
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Nos enfrentamos a algunos de los mismos problemas que los agricultores a gran escala. Antes de 1990, la agricultura mexicana era sostenible porque una agencia estatal garantizaba el precio y la compra de granos básicos, lo que aseguraba nuestra supervivencia. Hoy, los precios de los productos agrícolas se fijan en la Bolsa Mercantil de Chicago, controlada por gigantescas corporaciones alimentarias. Estos precios son simplemente demasiado bajos para que cualquier agricultor, grande o pequeño, pueda sobrevivir sin subsidios gubernamentales.
Por lo tanto, quienes llevan a cabo los bloqueos exigen subsidios gubernamentales para diversos cultivos, como maíz, trigo, frijoles, arroz, leche, carne y otros. Además, para detener el dumping de maíz estadounidense que inunda el mercado mexicano a precios extremadamente bajos, solicitan que los granos básicos queden totalmente excluidos del T-MEC.
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José Jacobo Femat hablando en una manifestación en el Zócalo,
Ciudad de México
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Estamos de acuerdo con estas demandas, ¡pero también tenemos las nuestras! Ante todo, proponemos restablecer los derechos garantizados por el Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, que estipulaba que el Estado debía regular el uso de los recursos naturales —el patrimonio público— para conservarlos en beneficio de todos. Dicha disposición allanó el camino para la expropiación de tierras privadas necesarias para el uso público y para las restricciones a la propiedad extranjera dentro de una zona de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y una zona de 50 kilómetros a lo largo de las costas.
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También exigimos el restablecimiento de todos los servicios agrícolas eliminados por el TLCAN.
Los acuerdos de libre comercio han convertido a México, de hecho, en una colonia de corporaciones multinacionales estadounidenses —como Cargill y Archer Daniels Midland— dentro del sector agrícola. Estas empresas obtienen enormes ganancias sin pagar impuestos en México; ¡es un verdadero robo! Los derechos de los pueblos indígenas son completamente ignorados. Empresas mineras, forestales y turísticas depredadoras invaden los territorios de las comunidades indígenas, impidiéndoles ejercer la administración de sus tierras y aguas. Esto viola las leyes vigentes y la propia Constitución.
¡Por lo tanto, quienes representamos exigimos que México rechace el T-MEC en su totalidad!
¿Qué argumentos tienen para generar un amplio apoyo a la eliminación de los acuerdos de libre comercio?
Calidad de los alimentos. El libre comercio ha empeorado considerablemente la dieta mexicana. En lugar de productos frescos, los mexicanos consumen habitualmente alimentos ultra procesados âây bebidas azucaradas, lo que provoca una alta incidencia de obesidad, diabetes, cáncer e hipertensión. ¡Esto es un desastre nacional!
Autosuficiencia. Hoy, Trump exige que México vuelva a abrir sus puertas de par en par a la explotación de las corporaciones estadounidenses bajo un T-MEC renovado. Abogamos por el regreso a los tiempos en que los mexicanos consumían alimentos cultivados en México y libres de toxinas. No necesitamos importaciones; podemos ser autosuficientes en alimentos.
Protección de la soberanía. El año pasado, la congresista Roselia Suárez propuso una enmienda constitucional para restaurar los derechos de los campesinos, tal como lo garantizó la Constitución de 1917. Resalta la importancia histórica de los campesinos, los pueblos indígenas y los afro-mexicanos como pilares de la Revolución Mexicana. Somos quienes más insistimos, sin reservas, en la soberanía de México respecto a la protección de nuestros recursos naturales.
Desde los tiempos de la Conquista Española, las demandas campesinas siguen siendo las mismas: ¡Tierra y Libertad!
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A Estados Unidos le Vale Madre el Narcotráfico
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José Luis Granados Ceja es periodista y analista político radicado en la Ciudad de México. Actualmente cubre Latinoamérica para Drop Site News. Es cofundador del podcast Soberanía del Proyecto de Solidaridad con México –PSM– y presentador del programa Sin Muros en Canal Once de México. Se especializa en temas políticos, movimientos sociales, elecciones y derechos humanos. Síguelo en @GranadosCeja
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A pesar de toda su retórica sobre los peligros de las organizaciones “narcoterroristas”, debemos ser claros: a Estados Unidos no le importa el narcotráfico, especialmente al gobierno de Donald Trump. Si le importara, el presidente estadounidense no habría indultado y liberado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, un narcotraficante condenado en Nueva York que, según audios filtrados, está devolviendo el favor conspirando contra gobiernos de izquierda en la región. Si a Washington le importara el crimen organizado, su aliado regional más cercano no sería Daniel Noboa de Ecuador, quien enfrenta acusaciones creíbles de vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
La política antidrogas estadounidense en América Latina es solo un medio para un fin: dominación y control, una extensión de su política exterior imperialista. Así debemos entender la solicitud de Estados Unidos para arrestar y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República investigará las acusaciones, la acción correcta para cualquier Estado soberano. Debemos tomar con cautela las acusaciones estadounidenses, basadas en gran medida en el testimonio de testigos que buscan un acuerdo con la fiscalía. Si las acusaciones contra Rocha, quien correctamente se ha retirado del cargo, resultan creíbles, debería ser juzgado en México. Estados Unidos no puede permitirse el lujo de actuar de esta manera.
Dado el momento en que se produjo, la desconfianza hacia la acusación no ha hecho más que crecer. Se hizo pública durante una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que un accidente automovilístico en Chihuahua, estado gobernado por la oposición, revelara inadvertidamente que agentes de la CIA operaban ilegalmente en México. Desde 2020, una ley aprobada bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador prohíbe expresamente la participación de agentes extranjeros en operaciones.
La acusación contra Rocha es un intento desesperado por salvar a la aliada de Estados Unidos, Maru Campos, la gobernadora de derecha que permitió que la CIA operara ilegalmente en México. Revela la estrategia estadounidense: si no pueden colaborar con el gobierno mexicano, encontrarán a un vendepatria que les permita entrar.
Sheinbaum esperaba presentar la participación ilegal de agentes estadounidenses en operaciones mexicanas como un caso excepcional aislado, pero los informes indican que hubo otras operaciones en las que participaron agentes estadounidenses. Dado que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, tiene una larga y turbia trayectoria en la CIA, sería ingenuo pensar que la infiltración cesará.
Sin duda, la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de la acusación contra Rocha y otros nueve funcionarios públicos ha generado la crisis más grave que enfrenta la Cuarta Transformación; la forma en que Sheinbaum la maneje probablemente determinará el futuro de su gobierno. Un peligro real es que EE.UU. lleve a cabo una operación al estilo venezolano y secuestre a Rocha, como cuando secuestró a Ismael El Mayo Zambada en julio de 2004.
Pero este escenario es una trampa para la oposición. Revela que la intervención extranjera es su única esperanza. Los mexicanos no verán con buenos ojos a los políticos y partidos políticos que se alinean con el imperialismo, preocupándose por la seguridad nacional de EE.UU. pero no por la vida de los mexicanos.
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Reportes y comentarios recientes de medios progresistas y convencionales, sobre las vidas y luchas en ambos lados de la frontera compilados por Jay Watts
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Pablo Meriguet, Governor of Sinaloa slams US charges as slander against MORENA People’s Dispatch. Governor Rubén Rocha has categorically denied the charges and claims that this is a politically motivated attack.
Presidenta de Morena reafirma en México solidaridad con Cuba Prensa Latina. En su primer discurso como dirigente del gobernante, Ariadna Montiel sostuvo que el cerco impuesto por Washington “está derivando en una crisis humanitaria sin precedentes”.
Thousands Rally Across Yucatan for Higher Wages and Tax Relief on May Day Riviera Maya News. Other demands included reducing the workweek to 40 hours, implementing unemployment insurance, and strengthening union participation in national economic decisions.
Yeraldine Bonilla asume como gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha Moya Telesur. Con este nombramiento, el departamento azteca inicia una etapa de transición administrativa mientras se resuelve el estatus legal de Rocha Moya.
Mexico to require federal projects to use local steel in response to US tariffs Reuters. While Trump's global tariffs have inspired âother countries, such as Canada, to try to scale back their dependence âon the U.S., Mexico has previously been reluctant to take steps that could irritate its largest trading partner, and the destination of 80% of its exports.
Víctor M. Quintana S., La intervención de baja intensidad y sus colaboradores La Jornada. La soberanía no se defiende con explicaciones rabonas.
Mexican Representative to the OAS Rejects Alleged Violations of Labor Rights of Cuban Doctors Resumen English. Encinas argued that cooperation with Cuba is a matter of sovereign and solidarity-based policy. “This is a legitimate and necessary agreement that draws on the best of the peoples’ traditions,” he stated.
Representante mexicano en la OEA rechaza presuntas violaciones a derechos laborales de médicos cubanos Cubadebate. Encinas defendió que la cooperación con Cuba responde a una política soberana y solidaria. “Se trata de un acuerdo legítimo y necesario que rescata lo mejor de las tradiciones de los pueblos”, expresó.
Pablo Meriguet, Mexico investigates US operations after two covert CIA agents die in traffic accident People’s Dispatch. Their deaths have sparked criticism regarding the presence of foreign agents on Mexican soil without the knowledge of the Mexican government.
Inicia marcha de la CNTE por el Día del Trabajo Desinformémonos. “Los dueños del gran capital siguen pregonando que la única manera de alcanzar una vida digna es por el esfuerzo individual, discurso apoyado por los gobiernos de derecha, lo cual es totalmente falso.”
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El Proyecto de Solidaridad con México junta activistas de varias organizaciones e individuos socialistas y de izquierda comprometid@s a la justicia laboral y global que consideran la elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México como un momento decisivo. AMLO y su partido Morena tienen como objetivo acabar con generaciones de corrupción, empobrecimiento y sumisión a los intereses de Estados Unidos. Nuestro Proyecto apoya no solo a Morena, sino a todos l@s mexican@s que luchan por los derechos básicos y se opone a los esfuerzos de Estados Unidos para socavar la soberanía nacional de México.
Comité editorial: Meizhu Lui, Bruce Hobson, Victoria Hamlin, Agatha Hinman, Pedro Gellert, y Courtney Childs. Agradecemos sus sugerencias y comentarios. ¿Interesada/o en participar? ¡Envíanos un correo!
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