El Boletín Semanal del Proyecto de Solidaridad con México

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25 de marzo de 2026

Reforma Electoral: ¿Quién Ostenta el Poder?

Meizhu Lui, por el equipo editorial

México celebró elecciones históricas en las que los votantes eligieron por primera vez a los jueces del país: Wikimedia Commons

Estados Unidos se jacta de ser el país más democrático del mundo. Pero fue fundado por hombres blancos adinerados —o, como solía decir un amigo afroamericano, por hombres blancos ricos— que decidieron que solo ellos debían votar y determinar el rumbo del país. Ni mujeres. Ni nativos americanos, los pueblos originarios de la tierra. Y, por supuesto, ni siquiera personas esclavizadas de África.

Esta es la América que Trump quiere, la que cree que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. ¿Por qué propone el proyecto de ley de reforma electoral que, con su habitual retórica hiper patriótica, llama la “Ley SAVE (salvar) a Estados Unidos”? Afirma que votantes extranjeros malintencionados están robando las elecciones a ciudadanos blancos honrados. Pero los no ciudadanos ya tienen prohibido votar, ¡y el Departamento de Justicia afirma que en 24 años solo se han documentado 77 casos de votantes no ciudadanos!

En marcado contraste, la propuesta de reforma electoral del presidente mexicano Sheinbaum otorgó a los votantes mayor poder electoral y recortó la financiación de la maquinaria burocrática. Los votantes mexicanos están indignados por la corrupción que se infiltra en el gobierno a través del sistema de nombramientos por clientelismo. Como nos explica Hidalgo Victoria, cuando el 40% de los representantes en la Cámara de Diputados son nombrados, no elegidos, y cuando los fondos públicos se canalizan hacia el INE y las burocracias partidistas en lugar de destinarse a servicios para el pueblo, es obvio que la reforma electoral debe ser una prioridad.

La mera celebración de elecciones no es la medida de la democracia; ¡la participación ciudadana sí lo es! Para contrarrestar a esos hombres blancos adinerados y a quienes pretenden ejercer poder sobre el resto de nosotros para su propio beneficio, nosotros, el pueblo, debemos ejercer el poder electoral que tenemos. Podemos expulsar a los legisladores que votaron a favor de la Ley SAVE en Estados Unidos y a quienes votaron en contra de las reformas de Sheinbaum en México.

México Promete Reforma Electoral

¿Cuándo se llevó a cabo la última reforma electoral y logró democratizar el sistema?

Con el nuevo sistema centralizado, el INE cuenta con oficinas en todo el país y administra tanto las elecciones locales como las federales.

Al igual que el IFE, el INE registra a los partidos políticos nacionales —en México, solo los partidos registrados pueden presentar candidatos a cargos públicos— y organiza las elecciones, garantizando la imparcialidad y verificando los resultados.

Cada 10 años, con base en datos censales, el INE traza los límites de los 300 distritos electorales para asegurar que cada uno contenga el número más equitativo de votantes posible. El país también está dividido en cinco grandes regiones; los legisladores plurinominales, designados por los partidos, representan a estas regiones multi estatales.

¿Por qué propuso el presidente López Obrador una nueva reforma?

Para democratizar el sistema electoral, propuso una reforma constitucional significativa: la eliminación del sistema plurinominal, basado en la representación proporcional de los partidos. Actualmente, 32 de los 128 senadores y 200 de los 500 diputados de la Cámara de Diputados se asignan a los partidos políticos en proporción a los votos obtenidos en las regiones.

Debate en el INE: cortesía de Igor Vivero Ávila: Latinoámerica21

Por ejemplo, incluso si ningún candidato de un partido obtuvo escaños en los distritos, si ese partido obtuvo el 10% del total de votos en el distrito multi estatal, tendría el 10% de los escaños plurinominales para designar. Esto da a los partidos minoritarios más voz en el Congreso.

AMLO también quería reducir gastos. Su propuesta habría recortado el inflado presupuesto del INE, incluyendo los fondos asignados a los partidos. El INE proporciona fondos federales a los partidos políticos tanto para gastos operativos como para las campañas de sus candidatos.

Pero la reforma constitucional de AMLO, que requería el 66% de los votos, no se aprobó. Por lo tanto, optó por el “Plan B”, una ley que solo requería mayoría simple para ser aprobada. Esta sí se aprobó. Sin embargo, la Corte Suprema, compuesta por jueces designados por el anterior gobierno del PRI, invalidó la reforma.

El mandato de AMLO terminó antes de que se pudieran plantear reformas constitucionales, pero tras la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, la Asamblea Nacional promulgó 17 reformas constitucionales importantes, incluyendo la elección de magistrados de la Suprema Corte y otros jueces.

Sin embargo, las reformas no incluyeron cambios electorales. Por lo tanto, la reforma que la presidenta Sheinbaum propuso en marzo de 2026 cumple con la agenda de AMLO y también con su promesa de campaña. Si se consulta a los ciudadanos mexicanos, la gran mayoría desea una reforma electoral, tanto para ahorrar dinero como para acabar con la corrupción en el sistema plurinominal.

¿Cómo proponía la reforma acabar con la corrupción en el sistema “plurinominal”?

Sheinbaum no propuso eliminar esa parte del sistema, sino que abordó la forma en que se seleccionan a las personas para esos cargos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta su reforma electoral el 25 de febrero.

Dado que eran designados, esos legisladores solían ser amigos, familiares o socios comerciales, en lugar de personas cualificadas o conocidas por el público. Su propuesta eliminó ese privilegio de los líderes de partido al convertir los cargos en la Cámara de Diputados en elecciones populares, a partir de listas proporcionadas por los partidos. Propuso eliminar los 32 cargos plurinominales del Senado, ya que todos los demás escaños del Senado son de elección directa.

¿De dónde provendrían los ahorros presupuestarios?

Primero, de la eliminación de 32 senadores. Segundo, el presupuesto del INE se reduciría en un 25%, y los recortes disminuirían principalmente el dinero asignado a los partidos políticos. ¡Actualmente, el 40% del presupuesto del INE, es decir, 6.000 millones de pesos, se destina a partidos políticos! Otros 4.000 millones se destinan a la organización de elecciones, y otros 4.000 millones a la emisión de credenciales de votante, ampliamente utilizadas como documento de identidad.

El 11 de marzo, el Congreso mexicano no aprobó la reforma constitucional para implementar los cambios electorales. ¿Qué sigue?

El rechazo de la reforma fue decepcionante, aunque no inesperado. Los socios de coalición de Morena, el Partido del Trabajo, el FAT y el Partido Verde, rompieron con Morena y votaron en contra. Quieren conservar los recursos económicos y el poder de nombramiento que siempre han tenido.

Claudia ha presentado ahora un “Plan B” cuyo contenido difiere del Plan A. Transformaría la estructura y los costos de más de 2000 municipios, así como de los 32 congresos estatales, abordando las marcadas disparidades entre ellos tanto en número de miembros como en gastos operativos. Algunos estados y ciudades con poca población tienen un gran número de órganos de gobierno con altos salarios; la reforma limitaría el número de estos órganos a 15 y restringiría sus gastos. Los ahorros se destinarían a programas que beneficien a la población de esas comunidades. Claudia ha señalado que algunos funcionarios locales ganan hasta siete veces más que sus homólogos en otros estados. Es probable que esta propuesta sea aprobada.

Tanto Estados Unidos como la derecha mexicana denunciarán esta reforma como un ataque a la democracia. ¿Cuál es la respuesta?

Incluso antes de que Claudia presentara formalmente su propuesta de reforma, algunos sectores de la derecha ya la denominaban la “ley Maduro”, equiparando al presidente Sheinbaum y al presidente Maduro de Venezuela con líderes antidemocráticos.

El bloque Morena en la Cámara de Diputados fue lo suficientemente fuerte como para aprobar el presupuesto propuesto

sin el apoyo de la oposición: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com

Pero quiero señalar que Morena es precisamente el partido que más habría perdido si se hubiera aprobado la propuesta de reforma original de Sheinbaum. Morena cuenta con la mayor cantidad de representantes electos en el Congreso y la mayor cantidad de escaños plurinominales, lo que significa que actualmente tiene derecho a recibir la mayor asignación de fondos del INE y a nombrar al mayor número de legisladores plurinominales. Que el presidente Sheinbaum y Morena estén impulsando estas reformas demuestra su firme compromiso con la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de la democracia.

Una Vivienda Digna es un Derecho Humano

El siguiente artículo de Atzayacatl Cabrera apareció originalmente en la edición del 17 de marzo de 2026 de El Sol de México. Ha sido editado para mayor brevedad y claridad.

“Todas las personas deben contar con cierto grado de protección legal contra el desalojo, el acoso u otras amenazas, independientemente de su forma de tenencia de vivienda”, reza la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley de Vivienda, que llegó a la Cámara de Diputados el miércoles 18 de marzo. “No importa si soy un ocupante ilegal; necesito y merezco un grado de seguridad jurídica”, afirmó Sánchez Carro, de la Clínica Legal de Derechos de Vivienda.

La iniciativa propone consagrar el derecho a “una vivienda digna” como un derecho humano en la Constitución. Esta reforma es necesaria porque el concepto anterior de “vivienda digna y decente” —que figura en la Constitución y en la Ley de Vivienda de 2006— no se ha reflejado en la construcción masiva de viviendas de las últimas décadas.

La iniciativa define la vivienda digna como aquella que posee siete características esenciales.

La “seguridad de la tenencia” garantiza que los ocupantes de la vivienda cuenten con protección legal contra desalojos forzosos, acoso u otras amenazas.

La "disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura" implica, por ejemplo, vincular el derecho humano al agua con la vivienda para asegurar que cualquier proyecto urbanístico, cualquier nuevo complejo residencial, tenga acceso garantizado al agua.

La asequibilidad se ejemplifica en el plan de construir 1.8 millones de viviendas a precios accesibles, alrededor de 600,000 pesos. La habitabilidad implica que las viviendas deben ofrecer condiciones estructurales seguras frente a riesgos sísmicos, tormentas tropicales, huracanes, etc., problemas frecuentes en México.

Las otras tres características esenciales son la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural.

Independientemente de si una persona es propietaria de una vivienda, la alquila, vive en una cooperativa de vivienda o incluso reside en un asentamiento informal, las enmiendas a la Ley de Vivienda brindarían cierto grado de protección legal a todas las personas.

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